ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

09/03/2018. Legislación

Hoy día 9 de marzo de 2018 entra en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Según el punto II de su Preámbulo, los objetivos que inspiran la regulación contenida en dicha Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar, conseguir una mejor relación calidad-precio. "Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.

Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral."

Una de las novedades que introduce la nueva regulación es la obligatoriedad de la contratación electrónica para todas las administraciones púbicas españolas. Con la contratación electrónica hay una mayor seguridad y por lo tanto un mayor freno a las malas prácticas en materia de contratación.

Verdaderamente esta normativa, que ya es de plena aplicación, además de extensa y novedosa es ciertamente complicada, con algunos preceptos contradictorios entre sí, por lo que requerirá un gran esfuerzo por parte de los sujetos implicados para adaptarse a los nuevos requerimientos que establece así como el establecimiento de casuística jurisprudencial por parte de los Tribunales.

 

 

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