EMPLEO ENDURECERÁ LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS QUE ABUSEN DE LA TEMPORALIDAD

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado ayer el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que celebren contratos temporales sin causa, de manera que se impongan tantas multas como contratos temporales indebidos haya realizado la compañía. Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, la ministra ha dicho que lo planteará a los agentes sociales en la mesa de diálogo social para la calidad en el empleo, en la que los sindicatos ya pidieron una medida de estas características al considerar que el uso fraudulento de la contratación temporal sale casi gratis en la actualidad. La ministra ha dicho que el Gobierno quiere dar un paso más en la lucha contra la temporalidad porque sigue siendo excesiva y supone un repelente para el talento, además de una distorsión para el mercado.

A su juicio, este tipo de fraude constituye un acto de competencia desleal "que perjudica a la gran mayoría de empresas del país que sí cumplen con la ley". Además, ha defendido que hay que "corregir" el sistema sancionador actual -que está centrado en la infracción y no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados-, porque "detrás de cada contrato temporal en fraude hay un trabajador y una vulneración de sus derechos".

Según fuentes del Ministerio de Empleo, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social es la que establece como infracción grave el fraude en la contratación temporal con una multa que parte de los 600 euros. Conforme a la ley, la Inspección de Trabajo plantea una única multa a las empresas pilladas en fraude de ley, añadiéndole como agravante el número de contratos considerados indebidamente temporales, mientras que el cambio propuesto ayer pasaría por imponer una sanción por cada contrato ilegal. Se trata de que el incumplimiento de la ley le salga más caro a las empresas, razón por la que el Gobierno espera que la medida tenga un importante efecto disuasorio.

En este contexto, la ministra ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo, que desde 2012 ha aflorado más de 500.000 empleos irregulares, ha detectado 7.000 empresas ficticias y ha logrado la conversión en indefinidos de casi 350.000 empleos indebidamente temporales.

El anuncio de la ministra para combatir la temporalidad se suma a la propuesta ya trasladada a la mesa de diálogo social el pasado septiembre para implantar un sistema de cotización de "bonus-malus", con el fin de incrementar las cotizaciones sociales por desempleo a las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y que tengan una rotación excesiva. La ministra también ha incidido en que la calidad en el empleo pasa por la formación de los trabajadores, razón por la que el Gobierno también quiere dar un nuevo impulso a la formación profesional dual -que combina formación y trabajo-, a través de una mejora de la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje.Según ha explicado, la mejora consistirá en ampliar la formación vinculada a esos contratos a las necesidades que se puedan detectar en los distintos sectores y empresas a través de la negociación colectiva.

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